Es de agradecer tribunas como “La identidad montañesa” del Sr. Temes, que lejos de utilizar el marco como fundamento para edificar demagogias rentables y tentadoras, pone el concepto al servicio de la protección de lo que nos distingue, y no como fundamento para constituir una rivalidad de campanario, sino como una llamada a la responsabilidad que nos traslada nuestra herencia a fin de conservar a buen resguardo aquello que nos legó la historia y hoy nos hace únicos en alguna medida.
No obstante, no quisiera pasar la oportunidad de echar mi cuarto a espadas a propósito de ciertas premisas y afirmaciones vertidas con respecto a nuestro patrimonio cultural. En primer lugar, el Sr. Temes imputa a la carencia de leyes específicas la proliferación en nuestra región de casas rurales diseñadas a imitación del caserío vasco. Esto no es exactamente así. Las leyes protectoras preexistían al desastre. No sólo hablo de planeamientos municipales formalmente preocupados por mantener la casa montañesa –promulgados en su mayoría entre los ochenta y noventa-, ya que a estos instrumentos ha de añadirse la Ley Cántabra de Patrimonio Cultural, que exige desde 1998 a todos los Ayuntamientos la elaboración de su respectivo catálogo arquitectónico. Incluso, la también autonómica ley del suelo de 2001 impone (artículo 34) a todos los municipios de Cantabria, sin excepción, la protección de paisajes típicos, históricos o tradicionales, entre otras cosas.
Sin embargo, en el país de la picaresca y la especulación, siempre han existido trucos para eludir los controles, como hace poco recordaba el presidente Revilla a propósito de la Ley anti tabaco. Valgan de ejemplo, y sin necesidad de señalar el repertorio más elaborado, las “peculiares” interpretaciones de los técnicos municipales para entender “adaptadas al paisaje” ciertas edificaciones o la perpetúa demora municipal para dotarse de catálogos arquitectónicos. Ahí tenemos a Limpias, villa que conozco de primera mano y que ha venido y viene soportando una devastación sistemática de su patrimonio arquitectónico. Su Alcaldesa desatendió las 485 firmas que recibió al principio de esta legislatura solicitando la aprobación del catálogo protector. Rechazó la moción popular aduciendo como argumento la conveniencia de esperar unos pocos meses a la aprobación del nuevo planeamiento –y de su correspondiente catálogo-. Hasta hoy nada, y van 4 años desde aquélla.
Dicho de otro modo, no ha faltado cobertura legal para desestimar licencias de cualquier cifra de preciosos chalets vascos a 10 minutos de la playa. Y cuando digo vascos no deseo singularizar. Son tan inapropiados o extravagantes para nuestro paisaje como lo serían si fueran nórdicos, mediterráneos o manchegos, con su molino (de trigo) y todo.
Que Cantabria, y en especial su zona costera y oriental, haya dilapidado su idiosincrasia paisajística quizás tiene que ver con muchos excesos. Principalmente de políticos que saltaron al coche oficial directamente procedentes del COU, de la lista del desempleo o de la última juerga universitaria, lugares a los que no desean regresar bajo ninguna circunstancia; exceso de empresarios desertores de otros negocios, salvajemente estimulados a recolocar sus plusvalías en el guateque anaranjado y efervescente del ladrillo; también exceso de periodistas dispuestos a guardar el secreto de confesión de cuanto se les alcanza con el mismo celo que lo haría un párroco en mitad del océano; y, en definitiva, el pernicioso telón de fondo que proporcionaba una fiesta que parecía no tener fin, a la que estaba invitado todo aquel que no supiera cómo sacarle jugo a los 20.000 € que guardaba en el banco.
En segundo lugar, tampoco es cierto que Cantabria no disponga de una asociación para la Defensa de la Casona Montañesa al modo de la Asociación para la Defensa del Pazo Gallego. A modo de sarpullido provocado por la epidemia del cemento, han venido surgiendo en Cantabria un gran número de asociaciones de defensa del patrimonio cultural. Muchos pueblos como Guriezo, Medio Cudeyo, Ampuero, Laredo, Limpias, Marina de Cudeyo o Liérganes pueden presumir de ello. Y muchas de las asociaciones han sido impulsoras de declaraciones de Bienes Culturales y de procesos judiciales para impedir lo que el Sr. Temes denuncia y mucho más. Líos y hasta litigios en los que, por cierto, no me consta se haya metido la asociación gallega. Podría hablarle de la Asociación Juan de Espina, que peleó para que una promotora no destruyera la Ferrería del río Valino –el presidente, Santiago Sobrino, llego a interponerse entre la pala excavadora y la resignada edificación-; el tal Sobrino se preocupó de impedir que el alcalde de Escalante inundara de forma pródiga a sus convecinos de licencias destinadas a la “deconstrucción” de edificios protegidos, fórmula que consiste en deshacerlos, tomar tres o cuatro de sus ornamentos y reconfigurarlos como si de un puzzle en 3D se tratara. O la Asociación de San Clemente y Santa Ana, que gastó más de seis mil euros, seis mil digo, para impedir la construcción de 35 chalés de ladrillo “cara-vista” en Sobremazas; qué decir tiene que la Justicia acabó dándoles la espalda en el bien entendido que aquella mole color butano armonizaba a las mil maravillas con la colindante casa solariega de los Cueto, bien de interés cultural desde hace tiempo. Un perito tuvo su razón y a quien éste se la da, la Toga se la bendice. O los Amigos del Patrimonio de Laredo, que el pasado mes de diciembre lograron convocar a miles de personas en una cadena humana que rodeó la Puebla Vieja para, entre otras cosas, reclamar la atención de las administraciones sobre este maltratado casco histórico. La Administración más próxima, o sea, el Alcalde, no fue por si acaso el pueblo soberano, esa cosa tan incómoda, le arrancaba en el fragor del contento matinal inducido por el vermut con calamares y más vermut algún compromiso incompatible con los ya adquiridos.
En tercer lugar, y para terminar, le diré al Sr. Temes por qué se derribo el puente anejo a la casa de Don Juan Cosme de Albo de 1723 en Limpias. Sencillamente, porque a nadie le importaba el dichoso puente; y “nadie” incluye al Ayuntamiento, la Consejería de Cultura, la Confederación Hidrográfica y, sobra decirlo, a los constructores y propietarios de los pisos –unos erigidos y otros esperando saltar del plano al prado-, más bien interesados en que el puente pasara a jalonar el cauce del río con sus ruinas, aunque matara algún pez con su desplome. Eran vecinos y promotores (¿quizá habría que incluir aquí a la entidad bancaria que habría concedido el préstamo promotor?) todos ellos concordados en asegurar la legalidad de la construcción, objetivo que exigía ensanchar el cauce hasta hacerlo incompatible con la arquitectura del desgraciado puente. Irónicamente, con posterioridad al desastre, la atribulada Consejería de Cultura se ha lanzado a proteger el rollo heráldico de la casa Albo, antes expuesto a cualquier desgracia al habérsele negado la calificación de Bien de Interés Local –al igual que a la casa blasonada, el magnolio centenario, y el puente derruido-. Compungida y arrepentida acaba de condecorar al nobiliario pilar con el mayor de sus honores administrativos, nada menos que incorporándolo al Registro de Bienes Culturales. Hoy esperamos infelizmente que todo el conjunto arquitectónico pase a integrar el entorno de protección del rollo, pero ésa será la siguiente batalla que perdamos. A buen seguro que la protección consistirá en extraerlo de su actual ubicación para colocarlo en el entrepiso de la casa consistorial o hacerlo presidir la rotonda de entrada al pueblo. Quien sabe si cabría su reciclaje como mojón en la variante a la que tanto debe el progreso de la Villa.
Por último, me gustaría indicar que, tristemente en contra del criterio del Sr. Temes, no creo sirvan de nada incentivos fiscales o subvenciones para cuidar la mayoría de nuestro patrimonio arquitectónico. Ahora mismo, y parafraseando al articulista y abogado Fernando Merodio, no hay nada más revolucionario que exigir el cumplimiento de la ley.
Silvia Ayestarán Barrio
Abogada y presidenta de la Asociación Cívica Limpias 21
(El Mundo Cantabria, 26 de enero de 2011)
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