Asociación Cívica Limpias 21

La Ley de Montes establece que las fincas situadas en cabeceras de cuencas hidrográficas deben ser de titularidad pública. Esta es la causa de que más de un centenar de vecinos afectados por la Ley de Montes de 2003 se reunieron recientemente en las antiguas escuelas de Secadura con el fin de formar un colectivo de protesta y evitar que las que hasta ahora han sido sus fincas, todas ellas situadas en zonas de montaña, pasen a ser de titularidad pública. Secadura es uno de los cuatro pueblos de Voto donde gran parte de las fincas de los vecinos están afectadas por la Ley de Montes de Utilidad Pública, inscrito en el Catálogo de Montes con el número 57.

Alrededor de 400 personas se ven afectadas por esta normativa en los pueblos de Voto, y la Junta Vecinal de Secadura es la que agrupa a mayor número de perjudicados, seguido de las de Rada, San Pantaleón y San Miguel. El portavoz del colectivo, Javier Rugama, expuso a los vecinos la situación en la que se encuentran actualmente sus propiedades, ya que el Servicio de Montes ha iniciado un proceso por el que las parcelas privadas situadas en el monte van a pasar a disposición de las Juntas Vecinales, por lo cual han tomado la decisión de enfrentarse a esta ley e intentar evitar que se lleve a cabo.

«No somos ladrones sino propietarios de unas parcelas que el Estado dejó ocupar a nuestros antepasados», aseguran los afectados. Un hecho, que según ellos, ocurre en Secadura y en todo el Norte de España pero ahora unas fincas se ven afectadas y otras no. Rugama recuerda cómo sus antepasados consiguieron sus fincas en una zona del monte de Voto, catalogada como de utilidad pública.

Desde los años veinte

A principios de los años veinte hubo una Ley Estatal de Roturaciones Arbitrarias que tuvo una gran aceptación en el norte de la Península. Esta ley autorizaba a los vecinos a ocupar parcelas en el monte con el consentimiento del Estado y las Juntas Vecinales. Según aseguran, esta ocupación, nunca se hizo de forma anárquica sino ordenadamente y controlada por la autoridad de aquel tiempo. Por esta razón, y debido a la crisis económica que existía, los vecinos ocuparon estas tierras para intentar generar riqueza. Pasado el tiempo, en 1962, esta ley fue derogada pero no con carácter retroactivo.

La alarma surgió entre los vecinos en el año 2006 cuando se paró la concentración parcelaria, que comenzó en 1986. En el caso particular de Rugama, él y su familia tienen seis hectáreas afectadas por dicha ley. Una sus fincas la compró en el año 2000 y en ella ha construido una cabaña y el resto, pertenece a su familia desde los años treinta. Sus antepasados hicieron el deslinde en 1940 pero, según asegura Rugama, en el Servicio de Montes no les dan explicaciones pero cuando intentan hacer un cambio o piden documentación se lo impiden. Todos los que ya se han unido en el colectivo, en el que cada día son más, aseguran que lucharán hasta el final por lo que consideran suyo y ya han consultado las opiniones de varios abogados. «No nos vamos a rendir -asegura el promotor de esta iniciativa- seguiremos hasta el final».

Fuente: Mamen García (Diario Montañés)

Imagen: www.juntadevoto.com